Como parte de las maquinaciones para distraer y desviar atención de acciones judiciales en proceso y pendientes en torno a sobornos y sobrevaluaciones de ODEBRECHT concertantes de enormes presiones sociales, el gobierno designó una Comisión para investigar licitación y adjudicación de las termoeléctricas Punta Catalina.
Con ello tendía una trampa al activismo social en la que muchos han caído ingenuamente. Pero al excederse en sus atribuciones creando una Comisión ignorando mecanismos establecidos, estimuló a que ésta se excediera al evacuar un informe en el que quedó atrapado en su propia trampa.
Disponiendo de suficientes disposiciones legales y organismos para efectuar investigaciones-PGR, Contraloría, DGCP, Congreso, Cámara de Cuentas, etc.- el gobierno extralimitó sus competencias al ignorarlos y al encomendarla a una Comisión; comprometiendo personas y empresas que endosaran, alimentándose de funcionarios e instituciones que obviamente encubrirían, al autoevaluar sus propias decisiones, eventuales irregularidades.
El Informe logró su objetivo original. Muchos cayeron en la trampa tendida por el gobierno debatiendo su contenido en desmedro del seguimiento del origen de presiones sociales.
El seguimiento a toda la corrupción y a todos los potencialmente imputados disminuyó por centrar atención en el Informe: Que pasará con ya imputados, listas pendientes, cumplimiento acuerdos, informes del exterior, etc.?
Pero, siguiendo a San Agustín-“Dios escribe derecho con las manos torcidas de los hombres”- el Informe contiene señalamientos reversibles contra el gobierno
Reconoce que ODEBRECHT sigue facturando y cobrando generosamente. El numeral 78 de sus recomendaciones consigna que le siguen pagando sobre base de un precio superior en US$96millones al finalmente convenido y sin descontar US$150millones avanzados. En otras palabras se le sigue pagando generosamente, a pesar del enorme escarceo nacional e internacional generado desde principio de año, sobre bases abultadas en US$ 246millones, equivalentes al 13% del valor convenido.
Ciertamente al hacer ésta recomendación –y otras referentes a omisiones ambientales y debilidades legales- la Comisión se excede en sus atribuciones originalmente limitadas a la investigación de la licitación y adjudicación.
Pero este exceso está justificado en el precedente del exceso que sentó el gobierno al crearla, rompiendo los cánones institucionales vigentes.
Y porque de la recomendación citada puede inferirse que con los US$246millones la empresa está pagando las sanciones que se le impusieron dentro del acuerdo ODEBRECHET-PGR. O sea, que el gobierno estaría pagándole a la empresa para que honre sus sanciones.
Esta grave revelación evidenciada complicidades magnificadoras de irritación ciudadana que azuzan las presiones sociales que pretendieron calmarse con la creación de la Comisión.
Con ello el gobierno pasa a ser acusado por la misma Comisión que creó: Atrapado en la misma trampa que quiso tender.
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